¿Qué opinamos sobre el plazo de pago de facturas que aprobará la UE?

El pasado 16 de septiembre de 2023, se anunció la aprobación de un nuevo reglamento europeo destinado a reducir el plazo de pago de facturas entre empresas y administraciones públicas.

Aunque, por el momento, se trata solo de una propuesta en la que se menciona un nuevo plazo legal de pago a proveedores, es recomendable esperar al texto íntegro del reglamento. Se prevé que pueda entrar en vigor a comienzos del próximo año.

Sin perjuicio de ello, nuestra experiencia como abogados especializados en reclamación de impagados nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones prácticas, que procedemos a exponer.

Reglamento de la UE sobre morosidad: ¿qué se sabe sobre el nuevo plazo de pago de facturas a 30 días naturales?

Aunque el nuevo reglamento aún no ha sido aprobado, se ha adelantado que los plazos de pago se acortarán.

Se ha anunciado que, independientemente de lo establecido en la conocida Ley de Morosidad, se busca garantizar que:

El plazo máximo para el pago de facturas sea de treinta días para proveedores y administraciones públicas.

Además, se establecerán mecanismos para imponer sanciones, junto con los ya conocidos intereses de demora. También se podrá aplicar el derecho de compensación de cobro. En este sentido, es importante conocer cuándo prescribe una deuda, ya que este factor influye en las posibilidades de recuperar un crédito impagado.

Es importante recordar que ya existe regulación sobre este aspecto, pero no ha logrado solucionar el problema real de las deudas comerciales.

¿Cuál debería ser el plazo máximo de pago de una factura?

En las relaciones mercantiles, la duración del plazo de pago suele fijarse por acuerdo entre las partes y se refleja en las propias facturas.

Uno de los aspectos que más dudas genera es qué órgano será el competente para controlar el cumplimiento de la norma. En España, los juzgados especializados en ciertas materias ya se encuentran saturados. La judicialización de estos casos conlleva largos plazos de resolución, en gran parte debido a la falta de personal en la administración de justicia. En este contexto, muchos acreedores optan por iniciar un procedimiento monitorio, un proceso ágil y eficaz para reclamar deudas impagadas sin necesidad de juicio ordinario.

Por lo tanto:

El plazo máximo de pago no debería superar el punto en el que comprometa tu equilibrio financiero o ponga en riesgo la estabilidad de tu negocio.

¿Será suficiente esta regulación para evitar la morosidad?

Todas las medidas que faciliten el ciclo de cobro de las empresas siempre deben ser vistas con buenos ojos.

No obstante, en la práctica, pueden surgir ciertos obstáculos. En muchos casos, considerando la situación financiera de la empresa obligada al pago, puede darse el escenario en el que resulte más beneficioso retrasar la obligación de pago para disponer de mayor liquidez. A partir de ahí, se podría negociar antes de llegar a un concurso de acreedores.

El mayor riesgo lo enfrentan las pymes y los autónomos, quienes, por la necesidad de mantenerse en el mercado, podrían verse afectados por medidas impuestas por grandes empresas o administraciones públicas. Ante cualquier retraso anormal en el pago, recomendamos iniciar la reclamación de la factura mediante burofax.

Sin perjuicio de ello, será recomendable seguir los procesos establecidos para la reclamación de deudas.

Si se busca una solución menos agresiva, siempre se puede optar por enviar una carta de solicitud o recordatorio de pago, una alternativa más conciliadora. En caso de querer judicializar la reclamación de la deuda, recomendamos recurrir al procedimiento monitorio. Para aquellos que dudan sobre los costos asociados a este proceso, es útil conocer cuánto cobra un abogado por un monitorio y evaluar la viabilidad económica de esta vía.

Por lo que se ha adelantado, la aplicación de esta normativa será interesante, ya que permitirá invalidar cláusulas abusivas que contravengan el reglamento. Esto puede representar una gran ventaja, especialmente en las relaciones comerciales entre las administraciones públicas y sus proveedores.

Es sabido que la administración pública, en algunos casos en los que hemos tenido que litigar contra ella, no siempre cuenta con procedimientos sancionadores lo suficientemente eficaces. Si no se refuerzan adecuadamente estos mecanismos, la situación podría mantenerse igual, solo con una nueva ley que regule estos incidentes. En muchos casos, cuando los pagos no se realizan a tiempo, la mejor opción para los acreedores es entender si pueden obligar a pagar una deuda y qué vías legales existen para reclamar su cobro.

A medida que surjan novedades sobre este tema, iremos actualizando esta información. Mientras tanto, si necesitas cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con nuestros abogados.